29 Septiembre, 2022

Gobierno ahora busca cerrar las bases contrasubversivas en el Vraem

En peligro. Bases contraterroristas están en la mira de Pedro Castillo, pese a que los ataques contra las fuerzas del orden continúan. (Foto: Giancarlo Avila / Archivo GEC)

Rumbo al narcoestado. Especialistas advierten que propuesta anunciada desde el Ministerio de Defensa es demagógica y que podría permitir que los narcoterroristas vuelvan a ganar terreno. El presidente Castillo ejecuta la ruta trazada por Vladimir Cerrón y Bermejo.

En medio de algunos roces al interior del Ejecutivo por la estrategia de la lucha contra las drogas, el ministro de Defensa, José Gavidia, reiteró esta semana que el Gobierno se ha trazado como meta que el Vraem deje de ser una zona de emergencia antes de 2026; e incidió en que se viene “trabajando intensamente para que estas 40 bases contrasubversivas” que operan allí “se conviertan en 40 centros de producción” y desarrollo. Es decir, quiere neutralizar a las Fuerzas Armadas que luchan por mantener la paz en esta zona de emergencia.

Para ese fin, agregó, se viene coordinando con los ministerios de la Producción y de Comercio Exterior. También con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción de vías de comunicación hacia la zona, como carreteras, puentes y hasta un aeropuerto en Pichari, justamente donde en octubre pasado el presidente Pedro Castillo se comprometió a industrializar la hoja de coca.

En realidad, este planteamiento de “convertir” las bases contrasubversivas –cuestionado por diversos especialistas consultados por Perú21 y sobre el cual el Mindef no ha querido brindar mayores detalles– se da en un contexto en el que la lucha antidrogas en el Perú está en grave riesgo, pero por las propias autoridades.

Devida insiste que en el Vraem –donde el 90% de la hoja de coca va al narcotráfico– se ejecute la ya fracasada figura de la “autoerradicación” de cultivos ilegales. Además, es en el propio ideario de Perú Libre, elaborado por el sentenciado Vladimir Cerrón y vociferado por sus alfiles como Guido Bellido y Guillermo Bermejo, donde se plantea la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la cual trabaja en coordinación con estas bases militares en la zona.

Según conoció este diario, en el Vraem –donde persisten los remanentes terroristas de los sanguinarios Quispe Palomino– hay actualmente operativas 46 bases contrasubversivas y otras cinco que realizan control fluvial. Y si bien el ministro Gavidia se ha apurado en firmar acuerdos con otros ministerios, fuentes del alto mando militar han negado a este diario que se haya dado visto bueno para proceder con los deseos del ministro Gavidia y compañía.

NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES

“Las bases contraterroristas no pueden convertirse en bases de desarrollo. Para trabajar ello hay que hacerlo con las autoridades locales, los gobernadores regionales. Ese trabajo no es del Ministerio de Defensa. El ministerio debe concentrarse en que los ríos no sigan siendo impunemente ruta del narcotráfico”, remarcó el exministro del Interior Rubén Vargas.

Para Vargas, el sector Defensa debe centrarse también en, por ejemplo, “evitar que sigan violando impunemente nuestro espacio aéreo las narcoavionetas bolivianas”.

Es justamente en el Vraem donde el narcotráfico y los remanentes terroristas confluyen y trabajan de la mano. “Yo le diría al ministro: encárguese de los temas de seguridad del Vraem y no se involucre en un tema como es el desarrollo porque es absurdo (…) eso es pura demagogia”, refirió Vargas.

Por su parte, el excomandante general del Ejército Otto Guibovich señaló que si bien nadie está en contra del desarrollo del Vraem, todavía no se tienen las condiciones de seguridad necesarias y que, sin ellas, “cualquier intento de desarrollo forzado no va a tener sostenibilidad”.

“Las Fuerzas Armadas y sus bases les restringe libertad de movimiento (a los remanentes terroristas). El control territorial tiene esa finalidad, entre otras. Pero si tú le regalas libertad de movimiento, van a crecer, con toda seguridad. Y mientras no caigan los Quispe Palomino y algunos otros secuaces, no hay garantía de que esto vaya a cambiar”, mencionó Guibovich.

Así, recordó que ya en el gobierno de Alejandro Toledo se decidió replegar varias bases de las FF.AA., y ahí “se permitió que se reorganice Sendero Luminoso en el Vraem”.

Justamente, el exjefe de la Dircote José Baella coincidió en que lo primero que se debe hacer es terminar con los remanentes terroristas, pues actualmente ellos están “en un repliegue estratégico” y que siguen siendo “una amenaza latente”.

“Mientras estén esos remanentes en el Vraem, es necesario contar con esas bases porque de alguna manera impiden el avance del camarada ‘José’ y sus huestes. Ese es el problema. En cuanto mayor facilidad les demos, ellos van a avanzar y eso no se puede permitir”, agregó.

El tema no debería pasar por agua tibia. Una reciente investigación de la Dircote reveló que los Quispe Palomino han logrado salir del Vraem hacia las ciudades, a través de jóvenes captados para realizar seguimiento y ejecuciones selectivas, como a periodistas.

El exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. César Astudillo puso como ejemplo el caso del Huallaga, donde incluso luego de la caída de ‘Artemio’ todavía las fuerzas del orden siguieron operando para capturar a todos los remanentes, los cuales buscaban ocupar su lugar.

“(En el Vraem) ya no son tantos, pero hay, todavía queda un Quispe Palomino, tiene todavía a sus esbirros en esa zona”, advirtió.

TENGA EN CUENTA:

Otras fuentes de Perú21 explicaron que si bien algunas bases militares no han tenido los resultados que se esperaban, estas sirven para disuadir a los terroristas y narcotraficantes.

“Sin la presencia de esos ‘hitos de seguridad’, ellos avanzarán y recuperarán la zona perdida”, añadieron. Hay preocupación de que malas decisiones perjudiquen todo el trabajo realizado en el Vraem.

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FUENTE: PERU21

 

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