El exgobernante Pedro Castillo brindó “beneficios” a su entorno más cercano. (Foto. Presidencia)

Se usurpación funciones para contratar a dedo a dos excolaboradores de la campaña electoral. Se repartieron, además, 6,943 raciones de alimentos sin identificar a sus beneficiarios.

Casi tres meses después de la destitución de Pedro Castillo, siguen apareciendo evidencias de cómo se manejó su gobierno. Para muestra dos botones. La Contraloría descubrió que se contrataron funcionarios de manera muy informal, que no cumplían con los requisitos, mientras que, a la par, se repartió comida por doquier y sin registro de beneficiarios.

Perú21 accedió a un informe de control específico que evidencia que la Subsecretaría General requirió, entre agosto del 2021 y marzo del 2022, servicios fotográficos y asistencia de redes sociales a pesar que dicha unidad no tiene funciones de comunicación y prensa.

¿Quiénes fueron los contratados? Dos personajes que colaboraron activamente en la campaña electoral del profesor Castillo: José Cristóbal Quispe y Franco Pomalaya Neyra, este último es asiduo visitante del exgobernante en el penal de Barbadillo.

Las irregularidades no terminan ahí. El informe de control concluye que, para contratar a Pomalaya y Cristóbal, la Oficina de Abastecimiento no realizó “el respectivo estudio de mercado”, lo que permitió la “contratación de proveedores al margen de la normativa”.

“(José Cristóbal) presentó documentos carentes de veracidad para sustentar la experiencia requerida, afectando la correcta gestión de las contrataciones del Estado”, señaló la Contraloría en el documento.

Quienes impulsaron las cuestionadas contrataciones fueron Ysmael Mayurí Quispe y más adelante Beder Camacho, ambos como subsecretarios generales del Despacho Presidencial. Trabajaron bajo la anuencia de Pedro Castillo.

Tanto Mayurí como Camacho formularon requerimientos para contratar por “no contar con personal” y “que se necesita de manera urgente el servicio de asistencia”.

No obstante, la Contraloría refuta que la contratación de los servicios de registro fotográfico, asistencia para la redacción, revisión de contenido de redes sociales, entre otros, no son parte de las competencias de la Subsecretaría General sino de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Es decir, se usurpó la labor de otro sector.

Asimismo, durante el mismo periodo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa sí contaba con dos profesionales de las comunicaciones que pudieron cumplir esas tareas.

Gracias a este evidente direccionamiento de contratación, Franco Pomalaya –acusado en determinado momento de maltratar a una reportera en una actividad de Castillo– recibió un total de S/72,400 y José Cristóbal S/113,900, entre 2021 y 2022.

Caos en la cocina

Otro informe de la Contraloría al que accedió este diario da cuenta de que, de enero a junio del 2022, en Palacio de Gobierno se repartieron raciones alimentarias sin identificar al personal beneficiario.

“Se prescindió de las autorizaciones y procedimientos para la entrega de alimentos en el comedor del despacho presidencial, lo cual no fue supervisado por el director de la Oficina de Operaciones para cautelar el estricto cumplimiento de la norma”, dice el informe.

El documento detalla que se repartieron 6,943 raciones (desayuno, almuerzo o cena) por un valor de S/35,032.10.

“Se afectó la correcta administración del suministro de alimentos”, apuntó la Contraloría.

FUENTE: PERU21